Si la policía de California lo arresta por delitos de cuello blanco, podría pasar muchos años en la cárcel o prisión. Estará lejos de su familia durante esos períodos, perdiéndose días festivos y cumpleaños especiales. Además, el encarcelamiento arruinará muchos de sus sueños. Incluso puede llevar a un divorcio si está casado y causar problemas con la custodia de los hijos si es padre o madre. Afortunadamente, hay ayuda disponible.
Considere consultar con un abogado de California abogado de delitos financieros tan pronto como tenga conocimiento de cualquier investigación sobre usted o cargos que se hayan presentado en su contra, ya sea en un tribunal estatal o federal. My Rights Law cuenta con abogados defensores con experiencia en casos de delitos de cuello blanco que pueden explicarle sus derechos y opciones legales y defenderlo contra estos cargos. Comuníquese con nosotros completando nuestro formulario web seguro hoy mismo o llame al 800-222-2222. 888-702-8882 para una consulta de caso gratuita.
Los delitos de cuello blanco pueden ser estatales o federales. Independientemente de si el gobierno estatal o federal presenta la demanda en su contra, estos delitos pueden devastar su vida si es declarado culpable. Su situación podría empeorar si la fiscalía le imputa varios delitos de cuello blanco. El estado puede acusarle de varios delitos de cuello blanco porque algunos están estrechamente relacionados. Si esto sucede y un juez decide condenarlo a penas consecutivas, cumplirá una condena tras otra, prolongando su condena.
Quizás se pregunte qué delitos entran en esta categoría. A continuación, no se incluye una lista exhaustiva, pero contiene delitos comunes que las leyes estatales y federales consideran delitos de cuello blanco. Ampliaremos algunos de ellos más adelante en este artículo.
Health care fraud is a useful child practice area within white-collar defense because an investigation can involve claims data, business records, professional judgment, multiple employees, and both state and federal authorities. The exact charge depends on the payer, alleged representation, person who made or caused it, and evidence of knowledge or intent. A billing audit, overpayment, coding disagreement, or documentation error does not automatically establish criminal fraud.
Artículo 550 del Código Penal de California contains several separate insurance-fraud theories. Its health care benefit provisions address knowingly making or causing a false or fraudulent claim for payment, claiming a benefit not used by or for the claimant, presenting multiple claims for the same benefit with intent to defraud, and specified undercharge/overcharge reconciliation conduct. Those rules are explained in context on our Página de defensa contra el fraude de seguros en California. The prosecution still must prove the elements of the charged subdivision; a disputed code or correctable clerical mistake is not automatically a knowing false claim.
Section 550 also treats qualifying workers' compensation health-benefit claims as health care benefit claims for specified provisions. Cases involving treatment, utilization review, billing, referrals, or claim documentation in that system may overlap with California workers' compensation fraud defense. The criminal theory should be separated from an ordinary payment, medical-necessity, or administrative dispute.
18 USC sección 1347 applies when a person knowingly and willfully executes, or attempts to execute, a scheme to defraud a health care benefit program or obtain program money or property through false or fraudulent pretenses in connection with health care benefits, items, or services. 18 U.S.C. section 1035 separately addresses knowingly and willfully falsifying or concealing a material fact, making a materially false statement, or using a materially false document in a health care matter. Scheme, materiality, knowledge, willfulness, causation, and the defendant's actual role are fact-specific.
El DOJ Health Care Fraud Unit describes a cross-agency model involving prosecutors and investigators that may include the FBI, HHS-OIG, CMS, DEA, and other agencies. A provider, owner, biller, marketer, pharmacist, or employee may first learn of a matter through an interview request, audit, subpoena, records demand, search warrant, or notice from a payer. When federal authorities are involved, the investigation and grand-jury process may require coordinated representation by a California federal defense lawyer.
Investigations can focus on conduct such as:
A company's receipt of payment does not by itself establish that every owner, manager, clinician, or staff member shared criminal intent. The defense analysis should identify who created, reviewed, transmitted, corrected, or relied on each record and claim.
The same facts can generate more than one proceeding. A criminal case is distinct from a civil False Claims Act matter seeking damages and civil penalties, an HHS-OIG administrative or exclusion matter, a payer recoupment process, or a professional licensing investigation. The HHS-OIG enforcement framework expressly separates criminal and civil actions, civil monetary penalties and exclusions, state actions, and self-disclosure resolutions. None of those labels alone proves a criminal offense.
Doctors, nurses, pharmacists, physician assistants, and other licensees may also need to assess board reporting, complaint, credentialing, and discipline issues. Those collateral questions belong in a coordinated professional-license defense strategy. An arrest, audit, or complaint does not automatically suspend or revoke a license, and no particular board result can be promised.
A defense review may include claims files, remittance data, patient charts, EHR metadata and audit trails, coding rules, coverage criteria, supervision and delegation records, prescriptions, referral and marketing contracts, emails, texts, training, corrective actions, and communications with outside billers or consultants. Potential issues may include lack of knowledge or intent, services actually provided, reasonable clinical judgment, ambiguous coding guidance, reliance on qualified staff or advice, mistaken identity, incomplete sampling, unreliable data, or a failure to connect a particular person to a false claim or material statement.
Original records should be preserved when scrutiny is known or reasonably anticipated. Routine deletion may need to be suspended, but records should not be backdated, recreated, selectively removed, or “cleaned up.” Counsel can help identify custodians, preserve EHR audit information, respond to compulsory process, review privilege, prepare for interviews, and present relevant context when that serves the defense. These steps do not guarantee that an investigation will close or that charges will be avoided.
tipifica como delito la presentación intencional de documentos fraudulentos como verdaderos cuando se sabe que son falsos, alterados o falsificados. Ya sea que firme para otra persona sin su autorización, firme el nombre de una persona falsa o publique cualquier documento con la intención de cometer fraude, un fiscal puede presentar este cargo en su contra. Tenga en cuenta que los documentos pueden ser cualquier cosa que pueda ayudarlo a defraudar a una persona, franquicia o banco para quitarle su propiedad legítima, incluidos:
El estado podría acusarlo de falsificación, ya sea un delito menor o un delito grave. Si un jurado lo declara culpable de un delito menor, podría enfrentar un año de cárcel. Si lo declaran culpable de un delito grave, podría enfrentar hasta tres años de prisión.
Las defensas aplicables dependen de las particularidades de su caso. Algunas defensas son viables en un caso, pero no en otro, ya que existen muchas maneras de cometer falsificación. Para obtener más información, es recomendable consultar con un abogado especializado en falsificación.
Bajo Título 26 del Código de los Estados Unidos § 7201Comete evasión fiscal siempre que utilice deliberadamente medios ilegales para evitar pagar sus impuestos. Por ejemplo, puede mentir sobre si su empresa sujeta a impuestos (C Corp) distribuyó ingresos a sus accionistas o los retuvo en la empresa. Puede mentir sobre los ingresos de su empresa para reducir los impuestos que debe pagar al Servicio de Impuestos Internos (IRS). En ocasiones, puede exagerar el costo de sus deducciones fiscales para deber menos al IRS. Cada vez que intenta evadir el pago al gobierno, deliberada e intencionalmente, está cometiendo un delito grave.
Este delito grave siempre es federal y se castiga con hasta cinco años de prisión o una multa de hasta 100.000 TP/T. Si es una corporación, podría tener que pagar multas de hasta 500.000 TP/T.
Podría argumentar que desconocía que un término determinado abarcaba una cantidad monetaria que debería haber incluido en su declaración de impuestos. Por otro lado, podría haber malinterpretado algo y pensar que no necesitaba declarar cierta información o que podía usar una actividad como deducción por donaciones cuando, de hecho, no podía. Estos casos se denominan "errores de hecho". Ocurren cuando usted sabe que debe hacer algo, pero no comprende todos los hechos o deberes que conlleva esa obligación.
Probablemente cometió un error honesto y creyó razonablemente que las cifras que informó al IRS eran exactas y verdaderas. Ya sea que su documentación estuviera mezclada, alguien le haya dado las cifras equivocadas o su preparador de impuestos cometió un error, puede plantear esta defensa.
Es ilegal poseer o recibir a sabiendas cheques falsificados con la intención de usarlos para defraudar a alguien o completar el acto de alterar los cheques, según Código Penal 475Según este estatuto, usted no puede poseer a sabiendas un cheque incompleto o un dispositivo monetario (por ejemplo, un giro postal, un cheque de viajero o una factura bancaria) con la intención de completarlo para poder defraudar a alguien.
Tenga en cuenta que el hecho de que el cheque sea real o falso no afecta su caso. El fiscal le impondrá los mismos cargos.
La falsificación es un tipo de delito de falsificación, además de un delito de cuello blanco. Cuando un tribunal lo declara culpable de este delito, lo declara culpable de falsificación. El delito menor de falsificación se castiga con hasta un año de cárcel. El delito grave de falsificación se castiga con dieciséis meses, dos años o tres años de prisión, a discreción del juez.
Siempre que el estado lo acuse de un delito, es recomendable abordar los elementos del estatuto de ese delito. Los elementos de un delito son lo que la fiscalía debe probar para que un jurado lo declare culpable.
En este caso, podrías argumentar que no poseías cheques falsos a sabiendas. Supongamos que una amiga te los dio y te preguntó si podías depositarlos por ella porque no tenía tiempo de pasar por el banco antes del trabajo. No tenías motivos para sospechar que tu amiga estuviera cometiendo algún delito.
Si entregó cheques sin fondos bajo coacción o sin saberlo, no pudo haber tenido la intención delictiva requerida para el delito. No pretendía defraudar al estado. Más bien, pudo haber sido obligado a depositar los cheques falsificados bajo amenaza de daños personales, o lo hizo sin saber que alguien los falsificó.
Que el juego sea un delito puede resultar sorprendente, considerando que California cuenta con algunos de los mejores casinos del país. Sin embargo, es ilegal jugar en ciertas circunstancias. Código Penal 330 criminaliza el juego cuando usted realiza cualquier acción como propietario o empleado (como abrir, jugar, ayudar a que se lleve a cabo el juego ilícito) para jugar cualquier juego bancario o de porcentaje utilizando un dispositivo, como cartas o dados para adquirir cualquier cosa de valor monetario como bienes inmuebles, efectivo o cheques.
Jugar con amigos puede parecer inofensivo, pero en realidad es un delito menor. Imagina que tú y tus amigos organizan una red de apuestas ilegales en tu sótano todos los jueves. Alguien avisa a la policía. La policía llega a tu casa y arresta a todos los presentes. Si decides declararte culpable o recibes un veredicto de culpabilidad en el juicio, podrías enfrentar hasta seis meses de cárcel. Un juez también puede ordenarte pagar una multa de entre $100 y $1,000.
Afortunadamente, existen defensas viables para cada delito, y conviene usarlas. No asuma que los delitos menores no son lo suficientemente graves como para contactar a un abogado. Necesitará un abogado estratégico que le ayude a evitar cualquier situación que pueda dejarle antecedentes penales, ya que estos pueden volverse en su contra cuando menos lo espere.
Una defensa que puedes usar es argumentar que el juego nunca implicó ganar nada de valor. Recuerda que una red de apuestas debe operar con el propósito de que los jugadores reciban dinero o algo con valor monetario. Si tú y tus amigos juegan a las cartas o a los dados, pero no con dinero real (es decir, juegan con billetes), eso no es un delito.
Los delitos de cuello blanco juzgados a nivel federal (casos presentados por la Fiscalía de los Estados Unidos) suelen conllevar sentencias más largas y sanciones monetarias más significativas. Las sanciones por estas infracciones de las leyes federales varían según el caso, pero estamos igualmente capacitados para ayudarle a combatir cargos a nivel federal como a nivel estatal. Si también enfrenta cargos federales graves, contáctenos de inmediato.
Necesita un bufete de abogados con experiencia donde los abogados defensores penales luchen agresivamente por usted siempre que enfrente cargos criminales y corra el riesgo de que le quiten su libertad. My Rights Law ¿Es esa firma? Y con un historial bien documentado de victorias en casos, sabe que está en buenas manos al elegirnos. Prometemos luchar por usted con la misma pasión que lo hemos hecho por todos nuestros clientes satisfechos, así que no espere más. Llame a nuestro abogados de delitos de cuello blanco Para una consulta confidencial y gratuita ahora en 888-702-8882 o déjenos un mensaje en nuestro formulario web seguro.
Otros delitos financieros que defendemos incluyen: Fraude en los cupones de alimentos de Calfresh, Fraude RICO
Esta página fue escrita por el equipo editorial de My Rights Law y revisada para garantizar su precisión legal por Bobby Shamuilian.
El abogado Shamuilian es el fundador y socio gerente de My Rights Law y es ampliamente reconocido como una autoridad legal, apareciendo frecuentemente como analista legal y comentarista de televisión en medios de comunicación nacionales.
Obtuvo una calificación perfecta de “10.0 – Top Attorney” en AVVO y una calificación de “10.0” en Justia, y ha sido nombrado entre los “Top 40 Under 40” y los “Top 100 Trial Lawyers” por The National Trial Lawyers.
Con su probada experiencia y dedicación, el Sr. Shamuilian se compromete a proteger sus derechos y lograr el mejor resultado posible para su caso.
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