Cuando el pagador es Medicare o Medi-Cal, una disputa de facturación deja de ser un desacuerdo comercial y se convierte en un asunto de aplicación de la ley por parte del gobierno. El fraude de Medi-Cal es procesado por la División de Fraude de Medi-Cal y Abuso de Ancianos (DMFEA) del Departamento de Justicia de California; el fraude de Medicare involucra a fiscales federales, agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG) y, en el Condado de Orange, a la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de California. My Rights Law Criminal Defense and DUI Lawyers defiende a proveedores, propietarios y clínicas de Santa Ana que enfrentan investigaciones por fraude de Medicare y Medi-Cal. Esta página explica los dos programas, los estatutos que utilizan los fiscales y cómo funciona la defensa cuando ambos sistemas actúan simultáneamente.
Medi-Cal es el programa Medicaid de California, financiado conjuntamente por el gobierno estatal y federal y administrado por el Departamento de Servicios de Atención Médica de California (DHCS). Medicare es un programa exclusivamente federal que cubre a personas mayores y beneficiarios con discapacidad. La distinción es importante: los casos de Medi-Cal suelen ser asuntos estatales presentados ante el Tribunal Superior del Condado de Orange, Distrito de Santa Ana, ubicado en 700 Civic Center Drive West, y se procesan conforme a la sección 550 del Código Penal de California y estatutos relacionados. Los casos de Medicare son federales y se imputan conforme a la sección 1347 del Título 18 del Código de los Estados Unidos (fraude en la atención médica), la sección 1035 del Título 18 del Código de los Estados Unidos (declaraciones falsas en asuntos de atención médica) y, cuando hay derivaciones involucradas, la sección 1320a-7b del Título 42 del Código de los Estados Unidos, la Ley Federal contra el Soborno. Un mismo patrón de facturación puede afectar a ambos programas y a ambos sistemas judiciales simultáneamente.
Los agentes federales no programan visitas de cortesía. Para cuando los sospechosos de fraude a Medicare reciben noticias del gobierno, un agente generalmente ya ha entrevistado a empleados, pacientes y fuentes de referencia.
Para muchos profesionales sanitarios, la peor consecuencia no es la detención, sino la exclusión. Una condena por fraude a Medicare o Medi-Cal puede conllevar la exclusión obligatoria de los programas federales de salud, poniendo fin a la participación durante años o de forma permanente. Si a esto se le suma la sanción por parte del colegio profesional, la pérdida de privilegios hospitalarios y la rescisión del contrato con la red comercial, una declaración de culpabilidad por un delito menor puede acabar con una carrera profesional. La estrategia de defensa debe sopesar todas las opciones frente a todas las consecuencias, no solo la sentencia.
No se puede garantizar ningún resultado. Pero las investigaciones que se inician pronto, se documentan y se responden con registros completos se resuelven sin cargos con mucha más frecuencia que las que se ignoran hasta la comparecencia ante el juez. Llame. 888-702-8882 Para una consulta confidencial gratuita.
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Depende. El DHCS puede suspender los pagos de Medi-Cal durante una investigación, y la facturación continua por servicios en disputa puede agravar el riesgo. Los abogados suelen negociar límites al alcance o condiciones de restablecimiento para que la práctica médica sobreviva a la investigación.
No automáticamente. El reembolso resuelve el sobrepago civil, pero los fiscales aún pueden presentar cargos si creen que las reclamaciones eran falsas a sabiendas. El reembolso realizado con asesoramiento legal también constituye una atenuante; un reembolso realizado por pánico puede interpretarse erróneamente como una admisión de culpabilidad.
El artículo 1320a-7b del Título 42 del Código de los Estados Unidos (42 USC) es la ley federal que penaliza el pago o la recepción de remuneraciones para incentivar la derivación de pacientes a programas federales. Muchos casos de Medicare que comienzan como auditorías de facturación se convierten en casos de sobornos una vez que se descubren los pagos por derivación.
Esta página contiene información legal, no asesoramiento legal, y su lectura no crea una relación abogado-cliente. Las leyes y las prioridades de aplicación cambian, y los resultados dependen de las circunstancias de cada caso.
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Esta página fue escrita por el equipo editorial de My Rights Law y revisada para garantizar su precisión legal por Bobby Shamuilian.
El abogado Shamuilian es el fundador y socio gerente de My Rights Law y es ampliamente reconocido como una autoridad legal, apareciendo frecuentemente como analista legal y comentarista de televisión en medios de comunicación nacionales.
Obtuvo una calificación perfecta de “10.0 – Top Attorney” en AVVO y una calificación de “10.0” en Justia, y ha sido nombrado entre los “Top 40 Under 40” y los “Top 100 Trial Lawyers” por The National Trial Lawyers.
Con su probada experiencia y dedicación, el Sr. Shamuilian se compromete a proteger sus derechos y lograr el mejor resultado posible para su caso.
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