Cuando un profesional con licencia está siendo investigado o enfrenta cargos en un asunto penal, corre el riesgo de perder mucho más que la persona promedio que se encuentra en esta situación. Además del miedo a ser encarcelado, el daño a la reputación y cómo esto afectará a su familia, podría perder su trabajo y/o enfrentar medidas disciplinarias por parte de los reguladores o la junta de licencias.
Si esta es su situación, es fundamental que contrate a un abogado penalista altamente capacitado y especializado en la defensa de profesionales. Quiere que su equipo legal evalúe toda la situación legal que enfrenta y se asegure de abordar proactivamente cada aspecto de su caso al defenderlo.
Los abogados de defensa penal de My Rights Law han defendido cientos de casos, incluidos médicos, abogados, agentes de policía, corredores inmobiliarios, personalidades de la televisión, deportistas profesionales, enfermeras, agentes de seguros y banqueros. Los casos más comunes son la violencia doméstica y la conducción bajo los efectos del alcohol; sin embargo, una infracción menor, como tal vez un hurto en una tienda, podría acabar con la carrera de un agente de préstamos porque todos los que trabajan en la industria bancaria deben cumplir con las leyes establecidas en la Ley Federal de Seguro de Depósitos (FDIA).
Respetamos el hecho de que usted desea terminar con esta dura experiencia lo antes posible, sin embargo, debemos asegurarnos de que cualquier consejo que le brindemos y las acciones que tomemos en su nombre hayan sido bien pensadas y no pongan en peligro su caso. Desarrollaremos una estrategia bien pensada que anticipe todas las eventualidades.
Una de las principales preocupaciones de nuestros clientes es cómo la posibilidad de que se presenten cargos penales en su contra afectará su reputación, su empleo actual y sus perspectivas futuras, así como a su familia. Como profesional, usted comprende la importancia de estar representado por el tipo de profesionales que respetan la confidencialidad y el privilegio abogado/cliente y que manejarán su caso y todas sus comunicaciones con la máxima discreción.
Nos presentaremos en el tribunal en su nombre sin que usted tenga que estar presente en la medida en que lo permita la ley de la jurisdicción. Como nuestro cliente, nuestras comunicaciones se limitarán únicamente a usted, a menos que nos autorice por escrito a analizar su caso con un tercero. Además, al comunicarnos con usted sobre este tema, cumpliremos con los parámetros que usted establezca para evitar cualquier divulgación no deseada al tercero autorizado.
A lo largo de nuestra trayectoria, hemos defendido a miles de profesionales en diversos asuntos legales. Probablemente ya estemos familiarizados con el tipo de caso al que se enfrenta, así como con las particularidades de su profesión.
Un médico, enfermero, farmacéutico, asistente médico, terapeuta u otro profesional sanitario con licencia puede enfrentarse a múltiples acciones legales tras una denuncia o investigación. Las acusaciones de facturación fraudulenta, servicios no prestados, atención médica innecesaria, pagos por derivación, recetas, desvío de medicamentos, historiales clínicos o suplantación de identidad profesional pueden dar lugar a una investigación penal. Los mismos hechos también pueden ser revisados por el empleador, el organismo certificador, la aseguradora o el colegio profesional competente.
Un arresto, una acusación, una auditoría o una queja no constituyen prueba suficiente de mala conducta ni conllevan la suspensión o revocación automática de una licencia profesional. El suceso, la presunta conducta, el tipo de licencia, la normativa aplicable y las pruebas son factores importantes. Los fiscales deben probar el delito imputado ante un tribunal, mientras que el organismo regulador aplica sus propios estatutos, procedimientos administrativos y su mandato de protección pública. Una defensa coordinada debe tener en cuenta ambos aspectos sin tratarlos como un mismo caso.
Una investigación penal puede centrarse en quién prestó un servicio, qué se documentó, quién presentó una reclamación, si una declaración fue relevante y si la evidencia prueba el conocimiento o la intención requeridos. Un error inocente de codificación, un expediente incompleto, un juicio de necesidad médica controvertido o un desacuerdo ordinario en la facturación no constituyen automáticamente fraude. El abogado puede comparar los datos de las reclamaciones con los expedientes de los pacientes, los registros de auditoría de la historia clínica electrónica, las directrices de codificación, los registros de supervisión, las comunicaciones y el historial de pagos antes de evaluar la teoría del gobierno. Las alegaciones federales también pueden requerir coordinación con una abogado defensor federal de California, mientras que las acusaciones financieras estatales pueden superponerse con defensa contra delitos financieros.
El Junta Médica de California Investiga las quejas dentro de su jurisdicción que involucran a médicos y ciertos profesionales cubiertos, incluyendo prescripciones inapropiadas, reclamaciones de seguros fraudulentas, actividad sin licencia, complicidad en el ejercicio de la profesión sin licencia, problemas con los registros y otras presuntas violaciones de la Ley de Práctica Médica. La Junta afirma que, por lo general, carece de jurisdicción sobre disputas ordinarias de facturación u honorarios, prácticas comerciales generales y conflictos personales, a menos que la conducta interfiera con la prestación segura de atención médica.
La Junta Médica no regula todas las licencias de atención médica. Enfermeros, farmacéuticos, dentistas, quiroprácticos, psicólogos, médicos osteópatas y otros profesionales pueden estar regulados por una junta u oficina diferente. El Departamento de Asuntos del Consumidor publica una Guía de entidades para la concesión de licencias de atención médica para identificar al organismo regulador correspondiente. Antes de responder, el abogado debe confirmar el tipo de licencia, la agencia, el número de denuncia, el plazo límite, las leyes alegadas y si existe un asunto penal paralelo.
Bajo la Junta Médica proceso de quejas publicado, Una queja se examina para determinar la jurisdicción y la información que la respalda. Los asuntos pueden cerrarse cuando no se encuentra ninguna infracción aparente o la evidencia es insuficiente. Si una investigación respalda una posible acción disciplinaria, el asunto puede remitirse a la Fiscalía General para una acusación formal. Un médico que reciba una acusación puede impugnarla a través del procedimiento correspondiente. proceso disciplinario administrativo. Estos pasos no constituyen un juicio penal, y no debe presuponerse ningún resultado específico de la denuncia.
Las obligaciones de presentación de informes varían según la profesión y el evento. Para médicos y cirujanos, médicos y cirujanos osteópatas, podólogos y asistentes médicos, Sección 802.1 del Código de Negocios y Profesiones Se requiere informar a la entidad emisora cuando una acusación formal o información imputa un delito grave, y cuando el titular de la licencia es condenado por un delito grave o menor. Dicha ley no considera que un simple arresto sea motivo para la presentación de informes. Otros organismos y empleadores pueden tener normas, contratos o plazos diferentes, por lo que conviene verificar los requisitos aplicables en lugar de darlos por sentados.
Un informe o una investigación de la junta no constituyen en sí mismos una medida disciplinaria. Las posibles consecuencias administrativas dependen de la ley aplicable, las pruebas, la etapa procesal y la decisión final. El abogado defensor debe evitar hacer promesas sobre la retención de la licencia o un resultado específico de la junta, e informar con anticipación sobre cualquier obligación relacionada con notificaciones, renovaciones, acreditaciones, empleo o autodenuncia.
Artículo 2052 del Código de Negocios y Profesiones Se aplica cuando una persona ejerce o intenta ejercer la medicina, se anuncia o se presenta como médico en ejercicio, o diagnostica, trata, opera o prescribe sin un certificado médico válido, vigente y no suspendido, ni otra autorización legal para el acto. La sección también abarca la conspiración y la complicidad en la conducta descrita en la ley. Por lo tanto, el alcance de la licencia, la delegación, la supervisión, el entorno y cualquier autorización o exención legal de la persona son relevantes.
Artículo 2054 del Código de Negocios y Profesiones Restringe el uso de palabras, iniciales o representaciones que indiquen o impliquen que una persona es médico o cirujano sin un certificado válido de médico y cirujano. También aborda el uso de títulos en un entorno de atención médica que llevarían a un paciente razonable a concluir que la persona es un médico (MD o DO) con licencia. La ley actual contiene excepciones expresas, incluyendo a ciertos graduados y residentes de medicina, personas autorizadas bajo disposiciones identificadas de la Ley de Práctica Médica, otros profesionales con licencia que usan un título consistente con su ley de práctica vigente, y el uso de "doctor" o "Dr." que no esté relacionado con una afirmación falsa o engañosa de derecho a ejercer la medicina u otro servicio profesional. El título, el contexto, el estado de la licencia y las excepciones legales deben analizarse antes de considerar una credencial o publicidad como una infracción.
Cuando se conoce o se prevé razonablemente una investigación penal o de la junta, el asesor legal puede recomendar un plan de conservación por escrito que abarque los expedientes originales de los pacientes, los metadatos y registros de auditoría de la historia clínica electrónica, los archivos de facturación y codificación, las reclamaciones presentadas, las recetas, los registros de supervisión y delegación, los contratos, los correos electrónicos, los mensajes de texto, el material de marketing, los archivos de acreditación y los dispositivos personales pertinentes. Puede ser necesario suspender la eliminación rutinaria. Los registros no deben antedatizarse, recrearse, eliminarse selectivamente ni corregirse a posteriori.
Los abogados penalistas y administrativos deben coordinar plazos, presentaciones de documentos, entrevistas, cuestiones de privilegio y posturas fácticas para que una respuesta en un foro no perjudique innecesariamente al otro. Dicha coordinación puede incluir la identificación del organismo regulador correcto, la revisión de las obligaciones de presentación de informes, la preservación del contexto exculpatorio, la preparación para una entrevista con un investigador y la decisión de si se debe responder a una solicitud de acceso a la información y cómo hacerlo. Estas medidas protegen la integridad de la defensa; sin embargo, no garantizan que una investigación penal o un asunto ante la junta se cierre.
Al ser proactivo y contratar a los El mejor abogado de defensa penal Para manejar su caso, usted minimiza las posibilidades de que esto se salga de control y tenga un efecto permanente en su carrera, reputación profesional y familia. Contáctenos ahora en (888) 702-8882 para programar una consulta legal confidencial y gratuita o completar el formulario de contacto confidencial y seguro.
Esta página fue escrita por el equipo editorial de My Rights Law y revisada para garantizar su precisión legal por Bobby Shamuilian.
El abogado Shamuilian es el fundador y socio gerente de My Rights Law y es ampliamente reconocido como una autoridad legal, apareciendo frecuentemente como analista legal y comentarista de televisión en medios de comunicación nacionales.
Obtuvo una calificación perfecta de “10.0 – Top Attorney” en AVVO y una calificación de “10.0” en Justia, y ha sido nombrado entre los “Top 40 Under 40” y los “Top 100 Trial Lawyers” por The National Trial Lawyers.
Con su probada experiencia y dedicación, el Sr. Shamuilian se compromete a proteger sus derechos y lograr el mejor resultado posible para su caso.
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